La nueva legislación en materia de gestión de residuos coge a muchos municipios a contrapié. Si bien es cierto que en los últimos años se han dado pasos importantes para interiorizar que hace falta un cambio de modelo de recogida y se debe tender hacia la identificación, nos encontramos con una gran cantidad de debilidades que, desde nuestro punto de vista, nos dificultan hacer este camino. A continuación presentamos los que consideramos los principales ocho retos a corto plazo.

En primer lugar existe una limitación importante a nivel político-social. El rechazo y desconcierto que genera entre la mayor parte de la población la implantación de modelos que “obligan” a entregar bien separados los residuos impacta directamente sobre la asunción de la responsabilidad política de implantar sistemas eficientes que garanticen los mejores resultados cuantitativos y cualitativos. Es importante avanzar hacia una despolitización de la gestión de los residuos y llegar a consensos que nos permitan implantar modelos que fomenten la prevención y el reciclaje.

En segundo lugar, uno de los factores que actualmente representa una mayor debilidad es el hecho de no disponer de sistemas homologables de indicadores que permitan comparar los diferentes modelos. Hay que dejar de comparar porcentajes de recogida selectiva y trabajar con datos basados en la captación en kg/hab./año bruta y neta y, sobre todo, contabilizar los mismos flujos en cada caso. En este sentido, no todos los modelos de recogida con identificación nos permiten alcanzar los mismos resultados. Hay que diferenciar entre individualización e identificación y hay que definir bien los objetivos para acabar implantando el modelo que realmente permita alcanzarlos.

En tercer lugar, es importante mencionar la recogida comercial. Aún ahora, en la mayoría de los casos, el coste de recogida y tratamiento que supone este servicio se asume dentro de la tasa de recogida domiciliaria. A veces, cuesta mucho que los municipios entiendan que la gestión de los residuos forma parte de la propia actividad lucrativa y que, por tanto, es un coste que deben internalizar. No se entendería en ningún caso asumir el coste de suministros como la luz, el agua o el gas, pero en cambio asumimos parte del de la gestión de los residuos comerciales. Hay que tender hacia modelos en los que cada actividad asuma el coste que representa la gestión de los residuos generados y evitar sobredimensionar frecuencias de recogida de forma universal.

En cuarto lugar, un reto aparte es el de las grandes ciudades. En este caso el modelo fácil parece que debe ser mantener los contenedores en la vía pública e instalar en ellos sistemas de control de acceso.  Pero esta solución puede no ser tan mágica. La falta de control en las aportaciones, el riesgo de incremento de abandonos en los entornos de los contenedores, el riesgo de incremento de impropios, el vandalismo y los elevados costes de mantenimiento y recambios pueden hacer que el modelo no sea el óptimo, pese a parecer el camino fácil.  A menudo, los sistemas mixtos en los que conviven la individualización con el control de acceso son los que garantizan mejores resultados. De hecho, en las grandes ciudades es donde más se evidencia el conflicto político y social a la hora de implantar estos modelos, lo cual enlaza con el primer reto y, por tanto, es donde se necesita mayor valentía y responsabilidad para evolucionar hacia modelos eficientes.

En quinto lugar, hay un gran desconocimiento de cómo realizar las implantaciones y el mantenimiento de las bases de datos para acabar implantando un sistema de tasas basado en el PxG (pago por generación) o el PxP (pago por participación). Además, en algunos casos, hay multiplicidad de bases de datos y plataformas de gestión que hacen imposible cualquier posibilidad de unificarlas y cruzar datos. Esto puede acabar comportando la necesidad de reiniciar el proyecto en el momento de implementar las nuevas tasas, lo que comporta un doble gasto y una gran ineficiencia.

En sexto lugar, faltan datos fiables a nivel de costes de servicio, especialmente en lo relativo al mantenimiento de la tecnología. Este factor puede acabar produciendo la elección de un modelo que resulte ser económicamente insostenible, lo que se vuelve grave si esto se detecta una vez se ha iniciado un nuevo contrato de larga duración.

En séptimo lugar, y relacionado con los costes, nos encontramos con una gran limitación a nivel de tratamiento. Existe una fuerte disparidad de costes de tratamiento de FORM (fracción orgánica de residuos municipales) y resto en función del destino, lo cual conlleva que en muchos casos el diferencial no sea lo bastante importante como para incentivar una recogida más eficiente y con mejores resultados, pese al retorno del canon. A esto hay que añadirle, en algunos contextos, costes de transferencia, que aún contribuyen en mayor medida a reducir este diferencial. Hay que analizar de forma cuidadosa esta situación y plantear soluciones para tender a la homogeneización de estos diferenciales y asegurar la igualdad de condiciones entre municipios.

En octavo lugar, existe un problema relativo a la gestión y al tratamiento de la FORM. El sistema de tratamiento actual se basa en la centralización del tratamiento, hecho  que, en muchos casos, va en detrimento de la calidad y del potencial de uso del producto final obtenido. Apostar por la descentralización del tratamiento de la FORM no solo nos permitiría mejorar la eficiencia del proceso, ya que se reduciría la necesidad de transferencia y transporte, sino que garantizaría la máxima calidad del compost y su aplicación cercana al punto de generación.

En resumen, nos planteamos ocho retos inminentes que, si conseguimos resolverlos, nos deben permitir dar el paso definitivo hacia una gestión de residuos más eficiente:

Trabajar para evitar el conflicto político y el populismo en las nuevas implantaciones con identificación.

Definir un sistema de indicadores homologable para hacer comparables los diferentes modelos de recogida.

Trabajar para que las actividades económicas internalicen el 100% de los costes de la gestión de sus residuos.

Asegurar que las grandes ciudades también asuman la responsabilidad de implantar sistemas eficientes que garanticen los mejores resultados cuantitativos y cualitativos.

Asegurar que las implantaciones se realizan de forma correcta desde el inicio del proceso y que se garantiza el óptimo mantenimiento de las bases de datos.

Disponer de datos fiables de costes de mantenimiento de la tecnología.

Homogeneizar los diferenciales de coste de tratamiento entre FORM y resto para asegurar la igualdad de condiciones de todos los municipios.

Incorporar a la planificación de infraestructuras de tratamiento la gestión descentralizada de la FORM para mejorar la calidad del producto final y su potencial de aplicación.

Este es un breve resumen de los retos más inmediatos que debemos afrontar y en los próximos insights los iremos desarrollando y desgranando para profundizar en ellos.